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Ramon SuñéLa Vanguardiamiércoles, 05 octubre '05
El alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el conseller de Economia, Antoni Castells, firmarán hoy un convenio que facilitará el cobro de las sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales a aquellos infractores que no residan en la ciudad de Barcelona. La fórmula que aplicarán Ayuntamiento y Generalitat, a partir del convenio de colaboración que rubricarán los representantes de ambas administraciones, permitirá el embargo de las cuentas bancarias a quienes se resistan a pagar la sanción impuesta a partir de las denuncias de la Guardia Urbana, ya sea por orinar en la calle, causar desperfectos en el mobiliario urbano o estacionar el coche en lugar indebido.
De este modo se podrá empezar a corregir una situación de la que ya informó La Vanguardia el pasado 4 de septiembre: aproximadamente el 70% de las multas por incumplimiento de las ordenanzas no llegan a ingresar jamás en la caja del Ayuntamiento. En muchos casos el hecho de tener la residencia fuera del término municipal dificulta enormemente el cobro de las sanciones.
Aunque actualmente ya existen mecanismos para hacer pagar a quien ha cometido una infracción con su vehículo detectada por la Guardia Urbana - en concreto a través de la notificación por parte de la
Diputación de Barcelona y la publicación en el boletín oficial de la provincia de la identidad de la persona multada-, los procedimientos conocidos suelen resultar complicados y territorialmente muy limitados. De ahí la insistencia del Ayuntamiento en conseguir la colaboración de la Generalitat en este ámbito para alcanzar una eficacia similar a las que tienen las sanciones por infracciones de tráfico que se cometen en la carretera.
El acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat se produce en un momento en el que el Consistorio está elaborando una ordenanza del civismo que explorará nuevas vías para evitar que la nota de color amarillo con la que la policía local obsequia a los que vulneran las normas municipales acabe convirtiéndose en papel mojado. La ordenanza tendrá en cuenta los casos en que el infractor no tenga domicilio conocido y viva fuera del municipio de Barcelona o en el extranjero, y planteará la aplicación de sanciones alternativas a las de carácter económico.
Mientras llega ese momento, el
Ayuntamiento de Barcelona sigue ejerciendo, con límites, su capacidad sancionadora. Entre enero y agosto de este año se impusieron 20.596 denuncias por comportamientos incívicos prohibidos por las distintas ordenanzas municipales. Esta cifra es superior a la del mismo período del 2004, en el que se registraron 17.371 multas.
En lo que va de año se observa un incremento muy notable de las denuncias por basuras y falta de limpieza, que han pasado de 1.362 entre enero y agosto del 2004 a 3.540 en los primeros ocho primeros meses del 2005. Más espectacular ha sido el incremento de denuncias por grafitis (de 142 a 286), animales domésticos (de 406 a 884) y, sobre todo, por incumplimiento en la normativa de sacos de escombros (de 449 a 5.032). Las relacionadas con los ruidos, tanto en los domicilios como en el espacio público, se han estabilizado (de 1.217 a 1.154) y se han reducido las que tienen que ver con un mal uso de los espacios públicos (de 5.534 a 3.045).